Posteado por: Diego Arbulú | agosto 3, 2008

Por una Ley de Servicio Exterior justa en Venezuela

Este es un artículo que redacté el año pasado para un curso de la universidad llamado Agenda Actual, donde se discutían asuntos de actualidad a nivel internacional, se seguía el desarrollo de los casos y se redactaban pequeños ensayos críticos sobre determinados temas. Este se relaciona tanto con la carrera que estudié (Estudios Internacionales) como con la formación profesional de los funcionarios de Servicio Exterior venezolano. Creo que sigue siendo tan válido (lamentablemente) hoy en día como cuando lo redacté en mayo de 2007, cuando aún residía en Venezuela.

En el año 2001 fue reformada la Ley de Servicio Exterior con el objetivo de ser adaptada al nuevo orden jurídico de la República. Este nuevo orden jurídico, a su vez, tiene como base a la Constitución promulgada en 1999. Pero en el año 2005 sufre una nueva reforma, siendo la que está vigente actualmente., regulando toda la temática correspondiente al funcionamiento y organización del Servicio Exterior, así como también los deberes y derechos del personal que lo conforma.

Entre los cambios más resaltantes que se pueden apreciar entre las leyes de 2001 y la de 2005 está lo referente a la potestad del Ejecutivo Nacional para el nombramiento de jefes de misiones, tanto diplomáticas como consulares. En la Ley de 2001 se establecía que el cincuenta por ciento de los nombramientos de jefes de misión quedaban como prerrogativa presidencial, específicamente en el artículo 88. Pero en la Ley de 2005 esta potestad se modifica, otorgándole al Ejecutivo el poder de nombrar a libre albedrío a todos los jefes (y jefas) de las misiones diplomáticas y consulares. El propósito de esto sería ser consecuentes con lo estipulado en la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 236, que regula las funciones del Presidente de la República, estipulando en su numeral 4, que entre ellas está “dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales”. Entonces, como es facultad presidencial la dirección de las relaciones internacionales, pues se le facilita el nombramiento de los jefes de misión según considere oportuno.

De momento, todo bien. Tenemos ya entonces un cambio de leyes y el aumento de la cuota de poder presidencial en lo referente a política exterior. Sin importar la postura política, hay que reconocer que, como se aprecia en la Constitución, se busca ser consecuente con lo que la misma establece con respecto a las relaciones internacionales. Por ello la Ley de Servicio Exterior de 2005 aumenta la participación del Ejecutivo en esta área.

¿Más información? Visita en Facebook el grupo "Venezolanos por una Ley de Servicio Exterior Justa"

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El problema para el Ejecutivo, a mi entender, es que el Servicio Exterior no está conformado solo por jefes de misión. Atrás de ellos, que poco a poco asumirán un mero papel de voceros de la política gubernamental, hay todo un mecanismo, una “máquina” si se quiere, que sustenta todo el funcionamiento de nuestra Cancillería. Se trata de los funcionarios de carrera, que han cursado estudios en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual” tras presentar un concurso de oposición y enfrentar a un Jurado Calificador, compitiendo con sus pares para optar a tener la oportunidad de formar parte del Servicio Exterior de la República. Estos funcionarios de carrera, que van desde Tercer Secretario hasta Ministro Consejero, son quienes realmente forman la columna vertebral del Servicio Exterior (más no de la política exterior).

Sabiendo esto, el siguiente paso natural del Ejecutivo tiene que ver con intervenir, de una u otra forma, en el proceso de selección de los nuevos aspirantes a formar parte del Servicio Exterior. La fórmula para conseguirlo, a su vez, es interviniendo en el proceso de selección de aspirantes. La reforma que está en discusión en este momento es referente a la eliminación del Jurado Calificador y su reemplazo por un Comité Evaluador.

Los artículos que se busca reformar van del 114 al 122, referentes en su totalidad al Jurado Calificador. El cambio más significativo que se está proponiendo es que los miembros del Comité Evaluador son escogidos en su totalidad por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. ¿Y esto qué significa? Pues que desaparece la representación de las universidades venezolanas que imparten la carrera de Estudios Internacionales, y hago especial énfasis en esto, al tratarse de nuestra universidad la que se ve especialmente perjudicada, al igual que nuestra carrera. Y cito textualmente de la Ley de Servicio Exterior 2005, en su artículo 114:
Artículo 114. El Jurado Calificador del servicio exterior tendrá siete miembros, y se integrará de la siguiente manera: 1. Un embajador o embajadora seleccionada por el Presidente o la Presidenta de la República, quien presidirá el Jurado. 2. Un representante o una representante designada por el Presidente o la Presidenta de la República, de reconocida trayectoria en política exterior. 3. Un embajador o embajadora de carrera, designado por el Ministro o Ministra de Relaciones Exteriores. 4. Un representante o una representante, miembro de la sociedad civil venezolana, de reconocida trayectoria profesional y académica en el área de las relaciones internacionales, que se haya destacado por sus aportes al estudio de los temas internacionales y por sus conocimientos del servicio exterior venezolano, designado por la Asamblea Nacional. 5. El Director o Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 6. Un representante o una representante de las instituciones nacionales formadoras de profesionales en las relaciones internacionales, de reconocida trayectoria profesional y académica en el área, escogida de común acuerdo por las asambleas de profesores de dichas instituciones. 7. Un representante o una representante electa por los funcionarios diplomáticos y funcionarias diplomáticas de carrera en servicio activo, que se encuentre en el servicio interno, conforme al procedimiento que a tal efecto apruebe el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Jurado Calificador podrá convocar a sus deliberaciones a las personas que considere conveniente, las cuales tendrán derecho a pronunciarse de acuerdo con sus requerimientos.

El nuevo Comité Evaluador, por otra parte, contaría con siete miembros, distribuidos de la siguiente forma: 1 nombrado por el Presidente de la República, 2 por la Asamblea Nacional y 4 por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Secretario Permanente será un funcionario nombrado por el Canciller de la República.

No seré yo quien discuta los lineamientos en materia de política exterior que maneja el gobierno nacional. Quienes defiendan la postura del gobierno argumentarán que es necesaria la conformación de un cuerpo diplomático que defienda los postulados y los principios que caracterizan tanto al gobierno como al proceso de cambio que este encabece. Puedo citar así mismo a la diputada Iris Varela: “Creo que para este cargo no se requiere que sea una persona de carrera diplomática. Este no es un Estado tradicional, sino que hay un proceso de cambio revolucionario”. Dependiendo de la óptica del analista o del lector, la postura puede ser perfectamente válida, y se puede respaldar con otras declaraciones, esta vez de Saúl Ortega, presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN: “Los embajadores tienen que estar mucho más preparados desde el punto de vista político”. Se referirá, imagino, a guerra asimétrica, relaciones y cooperación sur-sur, final de la hegemonía de América del Norte, etc. Y quienes sean adversos al proceso que encabeza el gobierno nacional, argumentarán que la consecuencia de todo esto será el desmejoramiento del Servicio Exterior de la República y el ingreso de personal que no está debidamente calificado para asumir este importante papel, con el consabido amiguismo y nepotismo siempre presentes en la vida política de nuestro país.

Me limitaré a defender mi postura, que es la de estudiante de la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Es con especial preocupación que veo la progresiva exclusión de la máxima casa de estudios del país en la vida política, social y cultural del mismo. Y como estudiante de la Escuela de Estudios Internacionales estoy en capacidad de decir que no cualquier persona está preparada para tratar asuntos concernientes a materia internacional, es necesaria una preparación concienzuda por un largo período de tiempo para ser considerado como poseedor de ciertos conocimientos y habilidades necesarios para el futuro papel de miembros del Servicio Exterior. Estoy convencido, así mismo, que todo cambio debe ser positivo y en función de buscar una mejora. Pero se me hace difícil esperar una mejora con este cambio, en esta oportunidad, al ver que la Universidad Central se ve apartada de un proceso que, por sus características, parecería íntimamente ligado a sus funciones como Alma Mater de Venezuela.

https://diegoarbulu.wordpress.com. Derechos reservados 2008.


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